Santo Domingo.- Una indemnización que asciende a casi RD$2,000 millones fue reclamada por familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set, quienes interpusieron una demanda patrimonial contra el Estado dominicano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, alegando negligencia grave y omisión ilegal por parte de las autoridades.
La acción legal, depositada el 29 de enero de 2025 ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, exige el pago de RD$1,983,670,353.96, de los cuales RD$909,949,854.05 corresponden a daños materiales y RD$1,073,720,499.91 a daños morales.
Los demandantes sostienen que el Estado, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Edificaciones, así como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, incurrieron en fallas de supervisión que contribuyeron directamente al colapso, provocando la muerte de nueve personas y lesiones graves a una sobreviviente.
Las víctimas identificadas son César Augusto López, Deneska Shalimar Pérez, Nathalie Miledys Guerrero, Joselyn Rosado Baldera, Dahiana Patiño Martínez, Ruth Elisa Seija, Daniela Henríquez Joshua, Aracelis Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña.
Aunque la demanda señala al exministro Carlos Bonilla, no incluye a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, debido a que la responsabilidad administrativa recaía en el entonces director de Planeamiento Urbano, Christian Alejandro Tejada Pichardo, quien falleció durante la tragedia.
Los abogados de las familias argumentan que el propio Ministerio Público, sustentado en peritajes técnicos, concluyó que el Estado incumplió normas de supervisión establecidas en leyes como la Ley 674-44, Ley 6232-63, el Decreto 596-06 y la normativa que creó el Ministerio de Vivienda.
Aseguran que estas omisiones facilitaron una tragedia que dejó 236 personas fallecidas, más de 100 heridos y cientos de familias afectadas.
Los familiares rechazaron las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien habló de un supuesto “vacío legal” en la regulación de establecimientos como Jet Set. Afirman que el marco legal existía y que dichas afirmaciones buscan eludir la responsabilidad estatal.
También denunciaron que la comisión investigadora anunciada por el Gobierno nunca fue formalmente designada, lo que, a su juicio, retrasó el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, señalaron que no ha existido ningún plan de apoyo estatal para huérfanos, viudos y familiares afectados, quienes —aseguran— han tenido que enfrentar solos las consecuencias económicas y emocionales de una de las tragedias más graves del país.
