Laura Acosta Lora, abogada del exministro
candidato presidencial Gonzalo Castillo, reveló que dos
empresarios que obtuvieron un criterio de oportunidad con
el Ministerio Público en el caso Calamar, «se van con 7,615
millones en los bolsillos» del Estado dominicano.
Además, anunció que impugnarán la decisión de la jueza
que excluyó a su defensa de la audiencia de homologación
del acuerdo, argumentando su ilegalidad.
Acosta Lora y su colega Luis Rivas sostienen que las
negociaciones con el Ministerio Público fueron poco
transparentes, realizándose de manera discreta en lugar
de durante las vistas como es habitual. Señaló que Ramón
Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, y José Arturo Ureña son
los beneficiarios de este acuerdo y que su empresa,
Trossachs Enterprises, obtuvo los 7,615 millones mediante
reconocimiento de deudas y expropiaciones.
