MP ha perdido “confianza” y por eso urgencia de Abinader reformar Constitución, asegura politólogo

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El Gobierno del presidente Luis Abinader se ha visto en la necesidad de impulsar una reforma constitucional para otorgarle “independencia” al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, debido a que ha perdido confianza como institución, para ser utilizada como un cañón electoral que cumpla los objetivos del mandatario.

Así lo considera el politólogo Belarminio Ramírez, quien dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha vendido un “cuento” de falsa independencia del Ministerio Público, con la finalidad de sacar ventajas políticas a un sector del electorado que está disgustado con el Gobierno por la forma de llevar los destinos de la nación.

“La pérdida de confianza en el Ministerio Público es lo que mueve al oficialismo de forma precipitada a propiciar una reforma constitucional con el cuento de hacerlo más independiente y ver si pueden seguir sacando ventaja electoral del segmento disgustado y crítico de la población que en estos momentos construye el pensamiento de que fueron utilizados por un discurso de cambio que ha devenido en mentiras y retrocesos”, indicó Ramírez al ser contactado por N Digital.

El politólgo valoró como positivo el retiro del diálogo que se desarrolla en el Consejo Económico y Social (CES) de los principales partidos opositores, es decir, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

“Actuaron correctamente las organizaciones: PLD, FP y PRD en retirar sus representantes en el Diálogo Nacional lleva a cabo el Consejo Económico y Social cuando se puso en discusión el tema de reforma a la Carta Magna”.

Ramírez descalificó el argumento de la independencia utilizado por el presidente Abinader para motivar la aprobación de la reforma constitucional, porque bajo su mandato otros órganos como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes han renovado su membresía y no son independientes.

El politólogo alertó que utilizar al Ministerio Público como “arma política” fue una estrategia que funcionó durante el primer año del presidente Abinader frente al Gobierno, pero que ha perdido fuerza debido a que las autoridades solo siguen a exfuncionarios de la administración del expresidente Danilo Medina y no a los funcionarios del gobierno perremeísta.

“El gobierno de Luis Abinader y el PRM se apoyó en el populismo de un Ministerio Público independiente para inmovilizar a la oposición política, estrategia que le funcionó en el primer año, pero que pierde impacto en el segundo año de gobierno, debido a que ese Ministerio Público con supuesta independencia no investiga ni somete a los funcionarios del gobierno actual que delinquen con el mismo rigor con que actúa contra los ex funcionarios del gobierno anterior”, señala Ramírez.

A todo esto, el presidente Luis Abinader se ha vanagloriado de ser el único mandatario en impulsar una reforma constitucional sin que su principal objetivo sea la reelección presidencial, aunque dirigentes opositores alertan que el PRM busca eliminar el 50 por ciento más uno para la elección presidencial.

Esta semana, el Gobierno presentó este miércoles, en un debate en el marco del Consejo Económico y Social (CES), su propuesta de reforma a la Constitución. La principal propuesta se refiere al cambio en el sistema de elección del procurador general de la República, que ahora es designado por el presidente de la nación.

La propuesta contempla que el procurador, que pasaría a llamarse fiscal general de la República, sea nombrado por un período de seis años, conforme al mecanismo que se establezca en una futura ley.

Del mismo modo, se introduciría una modificación en la Constitución para que el fiscal pueda ser interpelado por la Cámara de Diputados y el Senado para rendir cuentas, según explicó el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En relación a las funciones del fiscal general, se le retiraría la potestad de formular e implementar la política contra la criminalidad y también se le quitaría la administración del sistema penitenciario.